Resumen
El presupuesto de un país refleja las prioridades de gobierno porque permite identificar la forma en que se distribuyen los recursos nacionales en lo que se considera fundamental para el buen desarrollo de la sociedad y su bienestar. Debido a las desigualdades estructurales e históricas entre mujeres y hombres, en México se ha generado un proceso para impulsar el diseño y análisis del Presupuesto de Egresos Federal (PEF) con perspectiva de género bajo la premisa de que la forma en que un país organiza y estructura sus recursos tiene repercusiones directas en la vida de las personas y su organización social, así como en la reducción de desigualdades.
Gracias a las aportaciones teóricas de la economía feminista al entendimiento de las finanzas públicas y la experiencia del movimiento feminista en el análisis de presupuestos públicos con perspectiva de género es que hoy podemos afirmar que clasificar recursos públicos para la disminución de brechas de desigualdad en razón de género implica el reconocimiento de: i. las construcciones de género como normas que rigen las relaciones sociales; ii. la desigualdad estructural entre mujeres y hombres que se origina en la división sexual del trabajo; iii. la discriminación múltiple debido a la existencia de desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales entre mujeres y hombres, resultado de las relaciones de poder asimétricas y, iv. las diferentes necesidades de bienes y servicios públicos de mujeres y hombres por la condición y situación de desigualdad entre unas y otros, desfavorables para las mujeres.
En México hay experiencia de más de dos décadas impulsando presupuestos con perspectiva de género y 12 años clasificando recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en un Anexo transversal denominado Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres. Este recorrido inició con el análisis de la clasificación administrativa de recursos que se orientaban a responder a las demandas específicas de las mujeres, particularmente en materia de salud. A partir de ello, se debería haber transitado a la clasificación de recursos para programas presupuestarios que efectivamente contribuyan a la reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en razón del género, lo cual no ha sucedido. Por el contrario, la tendencia muestra una concentración de recursos en aquellos programas presupuestarios tradicionales que atienden las necesidades inmediatas de las mujeres y no cuentan con una visión de justicia de género que permita reducir brechas de desigualdad en relación con los hombres. Por las razones citadas y en el marco del mandato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, surge la necesidad de realizar un estudio diagnóstico sobre cómo el Estado mexicano ha clasificado recursos para la igualdad entre mujeres y hombres, así como para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante el periodo que va del 2015 al 2020.
Este documento presenta los hallazgos iniciales para entender si ha habido progresividad en la clasificación de recursos en el Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, cómo se distribuyen estos recursos por dependencias y cuáles han sido los impactos que ha tenido el Anexo 13 en la igualdad de género, así como para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Lo primero que resalta es que los múltiples esfuerzos realizados con la clasificación e implementación de las Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres por más de una década no han sido suficientes para avanzar en la transformación estructural que disminuya las brechas de desigualdad en razón del género. Los argumentos a esta afirmación se desarrollan a lo largo del Estudio, pero en seguida se señalan los principales resultados a manera de preguntas y respuestas.
