Los frentes donde actuamos para generar impacto.

Formaciones especializadas para niñeces, adolescencias, juventudes, liderazgos comunitarios, defensoras, profesionistas independientes, empresas, OSC y sector público.

Actualmente estamos en proceso de certificación como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) acreditada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), lo que nos permitirá evaluar y certificar competencias laborales en nuestros ejes temáticos de trabajo.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de todas las personas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. Su no ejercicio y vulneración tienen impactos profundos y desproporcionados en la vida de las mujeres y grupos históricamente vulnerados, por lo que deben abordarse de manera integral e interrelacionada. Desde Equidad de Género fortalecemos las capacidades de los movimientos feministas en diversos estados del país para ampliar el movimiento a favor del derecho a decidir y fortalecer la articulación con otras aliadas, a través de encuentros, talleres, foros y acciones de comunicación e incidencia. Nuestro trabajo aborda temas como el acceso al aborto legal y seguro, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la educación integral en sexualidades, las disidencias sexogenéricas, la incidencia legislativa, la perspectiva de género en el trabajo social y la psicología, la justicia social, los aspectos médicos del aborto, así como el autocuidado y la contención comunitaria.

Desde hace más de 20 años, Equidad de Género trabaja en la prevención de las violencias, entendidas en plural porque existen diversos tipos y modalidades que pueden presentarse de manera simultánea. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, abordamos las violencias psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, así como sus modalidades familiar, comunitaria, institucional, laboral, docente y feminicida, incorporando también las violencias política y digital. Nuestro trabajo ha contribuido a la mejora de los ámbitos de salud, educación y justicia, con un enfoque centrado en la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos humanos. Nos enfocamos principalmente en la violencia sexual, con énfasis en las modalidades comunitaria, institucional y laboral, a través de estrategias de prevención, promoción y defensa de derechos, fortalecimiento de la autonomía y atención integral, desde un enfoque interseccional que reconoce las múltiples desigualdades que atraviesan la vida de las mujeres y los grupos históricamente vulnerados.

Entre 2017 y 2025 se acompañaron 11,249 casos de aborto en total, de los cuales, 1,669 correspondieron a causal violación, 293 a causal salud y 574 casos involucraron a niñas de 14 años o menos. Estas cifras reflejan no solo la magnitud del trabajo sostenido a lo largo de casi una década, sino miles de vidas que enfrentaron decisiones complejas sobre sus proyectos de vida, su salud y su autonomía reproductiva, en contextos diversos que incluyen tanto el ejercicio voluntario de este derecho como situaciones de violencia, riesgo médico y alta vulnerabilidad, todas ellas que requirieron acompañamiento integral para garantizar una atención digna, segura y con enfoque de derechos.

De manera paralela, y como una línea de atención diferenciada, entre 2020 y 2025 se acompañaron 5,061 casos de violencia sin relación directa con interrupciones del embarazo, correspondientes a mujeres, adolescentes y niñas que requirieron orientación, canalización y acompañamiento integral. Este registro comenzó a partir de la pandemia de COVID-19, cuando se identificó la necesidad urgente de documentar sistemáticamente estos acompañamientos ante el recrudecimiento de las violencias en los ámbitos familiar, comunitario e institucional. La creación de este sistema de registro permitió visibilizar una dimensión adicional y crítica del trabajo realizado, evidenciando no solo el incremento de casos durante el confinamiento y el periodo posterior, sino también la consolidación de una estrategia especializada de atención y seguimiento a sobrevivientes de violencia.